Diálogo y compromiso para un futuro hídrico sostenible

El agua es esencial para la vida y clave para el desarrollo socioeconómico de las naciones. Sin embargo, este recurso estratégico está sometido a una presión sin precedentes debido al cambio climático, el crecimiento de la población, la expansión de las ciudades y los modelos de producción. A esta problemática se suma la deficiente gestión y planificación institucional, una realidad que es destacada por organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE.

México no escapa a esta situación. El diagnóstico contenido en el Plan Hídrico Nacional 2024-2030, lo expone con claridad: más de 35 millones de personas carecen de agua suficiente o de calidad; 104 cuencas enfrentan problemas de disponibilidad; y 114 acuíferos están sobreexplotados. Estos datos no solo describen un problema ambiental, sino también un riesgo eminente para la seguridad alimentaria, el bienestar social y la competitividad.

La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma significativa, pasó de 10 mil metros cúbicos (m³) en 1960 a 4 mil m³ en el año 2000. Actualmente, se encuentra en alrededor de 3,200 m³ y, de continuar esta tendencia, se estima que para 2030 podría ubicarse por debajo de los 3 mil m³, según el Banco Mundial.

En este contexto, la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, ha funcionado como un instrumento útil, pero insuficiente frente a los desafíos actuales. Si bien la regulación del uso, la gestión de concesiones, la priorización del consumo humano y el fortalecimiento del régimen de sanciones han sido avances importantes, lo cierto es que no han logrado responder de manera puntual a las necesidades regionales específicas. Además, no hay que perder de vista que se llevaban más de diez años sin avanzar en este tema, a pesar de que la Constitución reconoce el acceso al agua como un derecho humano desde 2012.

El caso de Michoacán ilustra con claridad los retos que enfrentan las entidades federativas, pues, aunque la oferta hídrica total del estado se estima en más de 12,500 millones de metros cúbicos al año, su disponibilidad real está comprometida por la sobreexplotación de acuíferos y la presión sobre las cuencas superficiales.

Tan solo en 2022, el grado de presión sobre el agua alcanzó el 43.6%, un nivel considerado alto, lo que muestra que la demanda de este líquido vital supera la capacidad natural de abastecimiento.

Este escenario adquiere una mayor relevancia si consideramos que Michoacán es uno de los principales motores de la producción agropecuaria del país. El estado contribuye con el 10.6% del Producto Interno Bruto (PIB) primario nacional, lo que significa que uno de cada diez pesos generados en el campo mexicano se produce en territorio michoacano.

Además, el campo es, por mucho, el principal consumidor de agua en el estado, con el 86% del uso total. Le siguen el abastecimiento público con el 7%, la industria con el 5% y, finalmente, la generación de electricidad con solo el 1%.

Por ello, el gran reto, entonces, consiste en generar las condiciones necesarias para producir más con menos agua, asegurando al mismo tiempo que el acceso al recurso sea justo, suficiente y sostenible.

Bajo este contexto, la actualización del marco normativo nacional cobra gran relevancia, toda vez que en el Congreso Federal las y los diputados están discutiendo la expedición de una nueva Ley de General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas, a partir de la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Si bien la propuesta ha detonado un amplio debate nacional y, tras las protestas de los productores del campo, se incluyeron 50 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal, la diversidad de voces refleja que la reforma no es un simple trámite legal. Por el contrario, es un desafío complejo que exige un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, la seguridad hídrica y el desarrollo económico y social.

Nos encontramos en un momento histórico en la gestión del agua. Este desafío demanda un diálogo abierto e incluyente y el compromiso de las autoridades, productores y de cada ciudadano. Más allá de la aprobación de leyes y reformas, es crucial que se sienten las bases para asegurar que las generaciones futuras hereden un país más justo, productivo y sustentable.